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Un tratado de la ONU para poner fin a la impunidad corporativa podría finalizarse en los próximos dos años. En esta edición exploramos por qué estas negociaciones son importantes y qué está en juego para las comunidades que buscan justicia y rendición de cuentas.

Una persona protesta en El Salvador contra la minería metálica después de que el presidente Nayib Bukele revocara la histórica prohibición de la minería metálica en el país. Foto: Víctor Peña/El Faro.

En abril pasado, en Barcelona, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, reunió a líderes progresistas, entre ellos el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para debatir cómo defender la democracia y el multilateralismo frente al avance del autoritarismo y las crecientes tensiones geopolíticas.

En un reciente artículo de opinión, la defensora ambiental salvadoreña Zenayda Serrano, de MUFRAS-32, y Mona Sabella, coordinadora de Rendición de Cuentas Corporativa de la Red-DESC, sostienen que una de las mayores amenazas a la capacidad de los gobiernos para actuar en favor del interés público suele quedar fuera del debate: el poder corporativo.

“Menos de 60.000 personas —el 0,001 % más rico de la población mundial— controlan hoy tres veces más riqueza que la mitad de la humanidad combinada. Esto no es solo una cuestión de desigualdad; es una cuestión de poder político: la capacidad de moldear leyes, influir en elecciones y bloquear reformas que amenazan los intereses corporativos.”

Más de una década después de que países del Sur Global impulsaran las negociaciones para un tratado vinculante de la ONU sobre empresas y derechos humanos, el proceso está entrando en una fase decisiva y lo que está en juego no podría ser más importante.

Según el último informe del Business & Human Rights Resource Centre, solo en 2025 se documentaron cerca de 800 ataques vinculados a actividades empresariales contra personas defensoras de derechos humanos en 80 países. Muchos de estos ataques estuvieron relacionados con la minería, la agroindustria, los combustibles fósiles y grandes proyectos de infraestructura. Los pueblos indígenas representaron el 30 % de los ataques registrados, pese a constituir apenas el 6 % de la población mundial.

“La pregunta es si los gobiernos siguen teniendo la capacidad de imponer límites efectivos a formas de poder económico que pueden vulnerar derechos humanos y ambientales, debilitar regulaciones y ejercer más influencia que muchos Estados.”

Miembros de la comunidad de Dhinkia, Odisha, durante una protesta contra un proyecto siderúrgico propuesto.

Durante más de dos décadas, las comunidades de Odisha, India, han resistido proyectos siderúrgicos que amenazan sus tierras, medios de vida, bosques y entorno natural. La lucha comenzó en 2005, cuando el gigante siderúrgico surcoreano POSCO anunció planes para construir una enorme planta siderúrgica y un complejo portuario que habrían desplazado a miles de personas y devastado una región sustentada por la agricultura a pequeña escala, la pesca y el cultivo de hoja de betel.

Tras años de resistencia comunitaria, desafíos legales y solidaridad internacional, POSCO se retiró en 2017. Sin embargo, la lucha continúa. Gran parte de las tierras destinadas originalmente al proyecto fueron posteriormente transferidas a JSW Steel, y las comunidades de aldeas como Dhinkia siguen denunciando desplazamientos, daños ambientales, violaciones de los derechos forestales y restricciones a su derecho a la protesta. Recientemente, en mayo de 2026, habitantes de la zona realizaron manifestaciones denunciando adquisiciones forzosas de tierras, el desconocimiento de las decisiones de las Gram Sabha (asambleas comunitarias) requeridas por el marco legal de derechos forestales de India y la represión policial vinculada al proyecto.

El caso de Odisha pone de relieve uno de los desafíos centrales que el tratado de la ONU busca abordar: mientras las corporaciones, los inversores y las cadenas de suministro operan más allá de las fronteras, las comunidades afectadas suelen enfrentar enormes obstáculos para acceder a la justicia, la reparación y la rendición de cuentas.

A medida que las negociaciones entran en una fase decisiva, la experiencia de Odisha nos recuerda lo que está en juego para las comunidades que enfrentan el poder corporativo en todo el mundo.

→ VER MÁS:

• Detener el acaparamiento de tierras corporativo y la represión contra las comunidades de Odisha (Declaración de la Red-DESC)
  
  Disponible solo en inglés:

• Two Decades of Relentless Resistance (Por Coalition for Human Rights in Development)
• The Price of Steel: Human Rights and Forced Evictions in the POSCO India Project (Reporte)

Un hombre participa en las labores de rescate tras el colapso de la represa de Vale en Brumadinho, Brasil, en 2019.

En todo el mundo, las comunidades continúan enfrentando contaminación, acaparamiento de tierras, degradación ambiental y falsas soluciones a la crisis climática sin acceso efectivo a la justicia y la reparación. Por ello, muchas organizaciones que trabajan por la justicia climática consideran que el tratado es una herramienta fundamental para fortalecer la rendición de cuentas ambiental.

Dos informes recientes elaborados junto a las organizaciones de la Red, FIAN Internacional, CIEL, Franciscans International, y también con la alianza el International Service for Human Rights, exploran cómo el tratado puede fortalecer la rendición de cuentas ambiental.

Los documentos sostienen que el tratado debe reforzar el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible, al tiempo que fortalece la prevención, la responsabilidad corporativa, el acceso a la justicia, la reparación ambiental y la protección de las comunidades afectadas. Asimismo, argumentan que el instrumento jurídicamente vinculante puede convertirse en una herramienta estructural para avanzar la justicia ambiental y una transición justa.

• Sin ganancias sin rendición de cuentas: reconocer el derecho a un medio ambiente saludable
  
  
• Es hora de actuar: asegurar un futuro sostenible mediante la rendición de cuentas corporativa

Integrantes de la coalición Feministas por un Tratado Vinculante durante un encuentro en la octava sesión del Grupo de Trabajo Intergubernamental sobre empresas transnacionales y derechos humanos en Ginebra.

Desde hace años, la iniciativa Feministas por un Tratado Vinculante —que reúne a la Red-DESC y a muchas de sus organizaciones miembro— trabaja para garantizar que las negociaciones aborden los impactos diferenciados de los abusos corporativos y reconozcan que las mujeres, los pueblos indígenas, las comunidades campesinas, las personas trabajadoras y las personas de géneros diversos, suelen enfrentar los mayores obstáculos para acceder a la justicia.

Como reflexiona AWID en un artículo reciente, la participación feminista en el proceso del tratado va mucho más allá de incorporar el lenguaje de género en los textos jurídicos. Se trata de cuestionar los sistemas de poder, fortalecer la incidencia colectiva y asegurar que las experiencias de las comunidades afectadas permanezcan en el centro de las negociaciones.

“Fracasar ahora sería admitir que el multilateralismo ha sido derrotado por los intereses corporativos”.

• ¿Qué ocurrió en las reuniones entre sesiones de abril de 2026?
  
  
• ¿Qué ocurrió en las consultas entre sesiones de mayo de 2026?

Ilustración de la serie de cómics El poder del 99 % para detener la captura corporativa, producida por la Red-DESC y el artista Lucio Zago.

El proceso del tratado se inició porque los enfoques voluntarios no lograron prevenir violaciones y abusos empresariales ni garantizar mecanismos efectivos de rendición de cuentas.

Sin embargo, a lo largo de las negociaciones, asociaciones empresariales y grupos de presión corporativa —incluida la Cámara de Comercio Internacional (ICC), la Organización Internacional de Empleadores (IOE) y otras representaciones de la industria— han promovido de manera sistemática estándares más débiles y medidas voluntarias.

Las mismas corporaciones de las que las comunidades buscan justicia suelen gozar de acceso privilegiado a responsables políticos y espacios de negociación.

A medida que el tratado entra en una fase decisiva, garantizar que las negociaciones estén guiadas por las comunidades afectadas y por los principios de derechos humanos —y no por intereses corporativos— se ha convertido en una de las principales demandas de los movimientos sociales.

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