En 2004, un pequeño número de rebeldes ligeramente armados intentaron tomar el control de Kilwa, un remoto pueblo de pescadores en la República Democrática del Congo (Congo). A unos 50 km de Kilwa hay una mina de cobre y plata donde Anvil Mining Company (Anvil Mining), una pequeña empresa minera australiano-canadiense, tenía operaciones mineras. Precisamente el puerto de Kilwa era el único enlace de transporte para exportar el mineral extraído de la mina a plantas de procesamiento en otros países. La respuesta a los disturbios en Kilwa del ejército congoleño fue brutal: los soldados bombardearon indiscriminadamente y saquearon la ciudad, y detuvieron arbitrariamente, torturaron y ejecutaron sumariamente a numerosos civiles. La ONU también determinó que Anvil Mining había proporcionado un amplio apoyo logístico a la operación militar en Kilwa, incluyendo la provisión de transporte, combustible, alimento y tal vez incluso pagos por un grupo de soldados.

Después de las atrocidades, se entablaron procesos judiciales nacionales contra los soldados congoleños y los empleados de Anvil implicados, pero sin éxito. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó su preocupación por la interferencia política en el proceso judicial interno. También se entablaron procesos judiciales contra los empleados de Anvil en Canadá y Australia, donde Anvil Mining tiene oficinas, pero esos esfuerzos también fueron en vano. Finalmente, grupos de derechos humanos presentaron una demanda en nombre de ocho víctimas ante la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (Comisión).

En junio de 2016, tras un largo proceso de siete años, la Comisión sentenció que el gobierno congoleño había violado una serie de derechos humanos en virtud de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, incluidos los derechos a la vida (Artículo 4), a un juicio justo (Artículo 7), a los bienes (Artículo 14) y al desarrollo económico, social y cultural (Artículo 22), así como la prohibición de la tortura (Artículo 5), la protección contra la detención arbitraria (Artículo 6) y el deber de garantizar la independencia de los tribunales (Artículo 26). Además, declaró que el Estado había violado también el derecho a la vivienda.

La Comisión reprendió públicamente a Anvil Mining e hizo hincapié en “la necesidad y el imperativo legal de que las entidades dedicadas a las industrias extractivas lleven a cabo sus actividades teniendo debidamente en cuenta los derechos de las comunidades de acogida(...). Esto incluye la no participación o no apoyo en la perpetración de violaciones de los derechos humanos y de los pueblos”.

La Comisión solicitó al gobierno que tome medidas diligentes para enjuiciar y castigar tanto a los agentes estatales como a los empleados de Anvil Mining involucrados en las violaciones. Otorgó a las víctimas mencionadas en la demanda US$2,5 millones e instó al gobierno a identificar e indemnizar a otras víctimas y sus familias, que no estaban incluidas en la denuncia. La Comisión también recomendó, entre otras medidas propuestas, que el Estado se disculpe formalmente con el pueblo de Kilwa, exhume y entierre con dignidad los cuerpos arrojados a fosas comunes, construya un monumento conmemorativo, reconstruya las escuelas, el hospital y los caminos destruidos durante el ataque y proporcione asesoramiento a los afectados para superar situaciones de trauma.

La Comisión solicitó al gobierno que tome medidas diligentes para enjuiciar y castigar tanto a los agentes estatales como a los empleados de Anvil Mining involucrados en las violaciones. Otorgó a las víctimas mencionadas en la demanda US$2,5 millones e instó al gobierno a identificar e indemnizar a otras víctimas y sus familias, que no estaban incluidas en la denuncia. La Comisión también recomendó, entre otras medidas propuestas, que el Estado se disculpe formalmente con el pueblo de Kilwa, exhume y entierre con dignidad los cuerpos arrojados a fosas comunes, construya un monumento conmemorativo, reconstruya las escuelas, el hospital y los caminos destruidos durante el ataque y proporcione asesoramiento a los afectados para superar situaciones de trauma.

En todo el mundo, las comunidades continúan enfrentando abusos corporativos generalizados y sistémicos contra los derechos humanos, y las empresas a menudo actúan en total impunidad. La práctica de usar o apoyar servicios de seguridad pública para actuar en interés de la compañía contra las comunidades locales, y el acto de interferencia judicial, son dos de las características reconocidas del fenómeno más amplio de “captura corporativa”: el medio por el cual las grandes empresas y otros actores económicamente poderosos ​​menoscaban la realización de los derechos humanos y el bienestar ambiental al ejercer una influencia indebida sobre los Estados. Este caso representa un paso clave hacia el avance de la rendición de cuentas corporativa por tales abusos, ya que el Estado recibió indicaciones explícitas para tomar medidas contra los funcionarios de Anvil Mining. Además, las reparaciones recomendadas incluían el monto de compensación más alto otorgado por la Comisión, y medidas colectivas integrales, innovadoras, estructurales y restaurativas dirigidas tanto a las víctimas como a la comunidad en general.

Los violentos ataques y la consiguiente batalla legal de 13 años por la justicia son indicativos de la continua necesidad de establecer un marco legal internacional integral sobre la rendición de cuentas corporativa, a fin de aclarar las obligaciones del Estado (incluida las extraterritoriales) en la regulación de las actividades empresariales y eliminar las barreras a la justicia. Con este fin, los miembros y aliados de la Red-DESC están trabajando colectivamente para abogar por un contundente tratado de las Naciones Unidas para prevenir y remediar los abusos contra los derechos humanos derivados de la acción de empresas transnacionales y otras empresas. Además, las prácticas de captura corporativa se están analizando y abordando a través del Proyecto de Captura Corporativa de la Red-DESC.

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