En 2015, Budha Ismail Jam y otros agricultores y comunidades de pescadores cercanas a la central eléctrica de carbón contaminante Tata Mundra Ultra Mega de Gujarat, India, demandaron a la Corporación Financiera Internacional (IFC) del Banco Mundial por su papel en el financiamiento de la construcción de la central por parte de la empresa privada Costal Gujarat Power Limited. Los actores solicitaron indemnización por daños y perjuicios y medias cautelares por negligencia, molestias, invasión de propiedad ajena e incumplimiento de contrato, aduciendo que la contaminación proveniente de la obra y operación de la central de carbón había dañado las tierras de cultivo, el aire, el agua y la vida marina. Una auditoría interna de la IFC concluyó que la empresa no había cumplido con un plan ambiental y social exigido por el préstamo para proteger las áreas que rodean la planta. La auditoría también concluyó que la IFC no había supervisado adecuadamente el proyecto.

La cuestión que debía resolver la Corte Suprema de los Estados Unidos (EE.UU.) era si la IFC tenía inmunidad absoluta frente a demandas. La Corte interpretó que el derecho de los EE.UU. les otorgaba a ciertas organizaciones internacionales la inmunidad más restringida que actualmente beneficia a los gobiernos extranjeros y no la inmunidad casi absoluta otorgada inicialmente en 1945. Desde 1952, los gobiernos extranjeros habitualmente han podido ser demandados en los EE.UU. por ciertas actividades comerciales, incluso mientras, en general, continuaban gozando de la inmunidad absoluta en otras áreas.

La Corte sostuvo que la IFC no tenía inmunidad absoluta frente a demandas, debido a que la Ley de Inmunidad de las Organizaciones Internacionales de 1945, al establecer que la inmunidad de la organización internacional debía ser “la misma... que la que gozaban los gobiernos extranjeros”, intentaba interpretar en forma continua la inmunidad de esas instituciones junto con la inmunidad de los gobiernos extranjeros. La Corte razonó que debido a que el Congreso solo había hecho una referencia general a la inmunidad sin especificar qué tipo de inmunidad, había adoptado una ley que no era estática, sino que se desarrollaba en forma paralela a la ley sobre la inmunidad de los estados extranjeros.

Es importante que la Corte no declaró que las actividades de la IFC, o las actividades de préstamo de otros bancos internacionales de desarrollo, fueran definitivamente comerciales o que cualquier actividad dada tendría una conexión suficiente con los EE.UU. como para permitir que una demanda avance.

El caso fue devuelto al Tribunal de Distrito para que resuelva la cuestión de la naturaleza comercial del préstamo de la IFC y de si las actividades están suficientemente conectadas con los EE.UU. para que la IFC sea hallada responsable.

Este caso abre la posibilidad de que las instituciones financieras internacionales deban responder por daños causados por los proyectos que financian, dado que la decisión reduce el estándar de inmunidad aplicable a las instituciones financieras bajo el derecho interno. La cuestión de si las actividades de una organización son comerciales y tienen suficiente conexión con los EE.UU. en un caso particular para permitir la responsabilidad potencial estará sujeta al litigio por hechos específicos, cuyo resultado es difícil de prever. En consecuencia, este menor estándar de inmunidad podrá ser un incentivo para una mejor supervisión por parte de las instituciones internacionales de préstamo o podrá disuadirlas de financiar proyectos con altos riesgos sociales, ambientales o relacionados con los derechos humanos.